Manipulación electoral, deporte de la oligarquía: lealtades de clan

por Iván Oré Chávez; ivanorech@hotmail.com

Tal como hemos expuesto, la oligarquía está empleando una gama de tretas para entronizar a Susana Villarán en la alcaldía de Lima. Para poder entender mejor estas argucias debemos de leer los periódicos y darnos cuenta de lo que se encierra tras de los tonos altisonantes de las noticias, códigos sociales no escritos que revelan la realidad del poder, pero nos toman tan adormecidos que muchos de nosotros no alcanzamos a notar el tinglado.

Un ejemplo es lo que se presentó en las noticias del 26 de agosto, en el cual Beto Ortiz, conductor del programa televisivo “Enemigos públicos” después de ser separado del canal donde trabajaba ante la evidente presión que Jaime Bayly Letts ejerció sobre el jefe del canal, menciona en una entrevista en El Trome: “Mi abogado, Javier Valle Riestra, puso a mi disposición al mejor defensor que podría tener, Luciano López. Estamos solicitando un dictamen judicial luego de escuchar los insultos emitidos por Bayly durante horas de programas”, (http://trome.pe/noticia/629222/beto-no-le-tengo-miedo-bayly de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como ésta se mostraba el 30 ago 2010 17:14:32 GMT).

Salen a luz los escándalos de auditoría a Villarán cuando fue ministra de la Mujer

Dilapidó más de un millón de soles en consultorías

Ya habíamos mencionado sobre los escándalos de auditoría durante la gestión de Susana Villarán al frente del ministerio de la Mujer, que precipitaron su salida durante el mandato de Valentín Paniagua.

Extrañamente, la prensa donde Villarán tiene muchos amigos calló y calla sobre estos escándalos cuando fue ministra y gozó de un jugoso sueldo de 12 mil dólares mensuales cuando policías, maestros y empleados públicos sufrían con sueldos de 300 y 500 soles. Nunca criticó esta diferencia de sueldos astronómica, pero dice defender a los pobres.

Alguna mano protectora impidió que sea sancionada como se debe por la dilapidación del erario nacional burlando las normas gubernamentales.

Pese al derroche en consultorías, la gestión de Villarán en ese ministerio cantinflesco fue pésima: no tuvo ninguna iniciativa legal ni social para la lucha contra el mayor flagelo de la mujer pobre (que tanto dice defender), que es la esclavitud de los proxenetas.

En el diario Expreso del 16 de setiembre se lee detalles del escándalo, derrochó más de un millón de soles en consultorías que habrían ido a parar a manos de sus amigos, dadas las circunstancias de las contrataciones irregulares. Leamos:

Consultorías contratadas por Villarán fueron inútiles y pagadas por adelantado

Adquisiciones de bienes y servicios estuvieron plagadas de deficiencias, señala informe de auditores.

La gestión de la ex ministra de la Mujer y hoy candidata a la alcaldía de Lima, Susana Villarán, al frente del Ministerio de la Mujer fue cuestionada por los auditores Gabriel Villena Nakamura y Sofía Barreto Valdivia, quienes en su informe señalaron que no se comprobó la utilidad de los informes de los consultores contratados, quienes además fueron favorecidos con pagos de adelanto sin requerir garantías previas.

Incluso en las recomendaciones del informe sobre la gestión de Susana Villarán, signado con el N.° 021-2001-2-3901, remitido a la Contraloría General de la República, se lee claramente que “las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de adjudicación directa, se han ejecutado en un esquema plagado de deficiencias e incertidumbre”.

Graves deficiencias

Se señala además que “las licitaciones y concursos públicos revelan deficiencias en las bases administrativas, en los procesos, evaluaciones, adjudicaciones y contrataciones.

Dichas bases no precisaban con claridad los criterios a asumir para asignar las puntuaciones técnicas, aspectos que se daban en términos generales y que en las evaluaciones se detectaban generando que los miembros del comité (Sectorial de Planeamiento, Evaluación y Cooperación Internacional) asuman irregularmente la ‘discrecionalidad’ y ‘facultades interpretativas’”.

El informe añade que “se apreció además que algunos postores no reunían las condiciones requeridas y/o sus propuestas revelaron deficiencias que de acuerdo a norma debió significar la descalificación”.

Villarán sabía

Si bien el informe señala que, pese a todas estas irregularidades, Villarán de la Puente “fue excluida de responsabilidad por corresponder a las instancias administrativas enmarcar en la normativa vigente las decisiones políticas asumidas por el despacho ministerial”, en la página 44 del documento puede leerse claramente lo siguiente:

“Con la nota N.° 006-2001-PROMUDEH/GGA del 5 de febrero del 2001, el señor Carlos Castillo Sánchez, Gerente de Gestión Administrativa, solicita a la señora Inés Althaus Guarderas, el V°B° (visto bueno) de la señora ministra, a fin de efectuar la contratación de Servicios de Consultoría”.

Dichas adjudicaciones directas con publicación, efectuadas de enero a junio del 2001, cuya opinión fue favorable para su adquisición fueron las signadas con los números 008-2001- Promudeh; la 009-2001-Promudeh; y la 010-2001- Promudeh. El monto de estas tres consultorías ascendió a S/. 365 mil 500.

En su defensa Villarán de la Puente argumentó que los informes sobre los discutidos procedimientos fueron notificados a los ministros, agencias de cooperación internacional, al presidente de la República, Valentín Paniagua, la “sociedad civil”, así como a organismos internacionales.

Otras consultorías

Sobre las imprecisiones en los parámetros establecidos en las bases del proceso de selección y en los términos de referencia para la evaluación de las propuestas técnicas de las adjudicaciones directas, con publicación, de servicios de consultoría se lee en la página 32 del informe lo siguiente:

“De la evaluación de la documentación de la Oficina de Logística, referente al período comprendido de julio del 2000 a junio del 2001, se advirtió imprecisiones para la evaluación de las propuestas técnicas, tanto en las bases de los procesos de selección como en los términos de referencia, de las adjudicaciones directas, con publicación, para la contratación de servicios de consultoría”.

Se agrega que los servicios de consultoría referidos son los signados con los números 002-2001; 003-2001; 004-2001; 005-2001; 006-2001; 008-2001; 009-2001 y 010-2001, las mismas por las que el ministerio desembolsó S/. 1 millón 16 mil 927.

Pagos adelantados

En la página 49 del informe en mención se señala que “como resultado del examen especial a la Oficina de Logística, período julio 2000 a junio 2001, respecto a la muestra tomada de los servicios de consultoría por adjudicaciones directas con publicación por S/. 1‘016,927.01, se advirtió que los pagos del servicio se realizaron en tres (3) partes a favor de cada consultor”.

La primera parte del pago se otorgaba tras la presentación del plan de trabajo y diseño, metodología e instrumento de estudio; la segunda parte a la presentación del informe preliminar; y la tercera parte a la entrega del informe final.

Gato por liebre
Pero no sólo en las consultorías se presentaron irregularidades. En el punto referente a las bases administrativas del concurso público N.° 004-2001-Promudeh, para la contratación del servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, reservas y servicios conexos, no describieron claramente los servicios requeridos, según tarifas e itinerarios de vuelos, se lee lo siguiente:

“Con resolución gerencial N.º 056-2000 –Promudeh– GGA, del 16 de noviembre del 2000, se resuelve aprobar las Bases Administrativas (segunda convocatoria) del Concurso Público N.º 004-2001 Promudeh, para la contratación del servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, reservas y servicios conexos, por un monto referencial de S/. 250,000.00”.

Un cuestionado modelo de gestión
El revelador documento agrega que “observándose que en dichas bases no se incluyen plenamente las características del servicio de adquirir, según se indica: los precios correspondieron sólo a la tarifa económica; y los itinerarios de vuelos y rutas fueron referenciales”.

El efecto concreto de no incluir las características del servicio a adquirir fue que “se otorgó la buena pro sin detalles consistentes sobre el servicio, dado que las rutas, vuelos y tarifas sólo eran referenciales; relevándose que las facturas por los servicios percibidos corresponden en su mayoría a tarifas y rutas distintas a las adjudicadas, siendo imposible para la administración determinar la razonabilidad de los precios”.

¿Será este el modelo de gestión que Susana Villarán piensa llevar a la Municipalidad de Lima? Estamos avisados.

Candidatos de Villarán

Algunos aliados de la candidata a la alcaldía de Lima promueven la libertad del genocida Víctor Polay Campos (a) “Rolando”.

Impresentables. Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, candidato a regidor por Lima de la lista que encabeza Susana Villarán, estuvo preso acusado de terrorismo, mientras que otros tres candidatos de Fuerza Social (uno a regidor por San Martín de Porres y dos a alcaldes distritales en Cajamarca) son acusados por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. A ello se suma el hecho que otros dos candidatos a regidores por distritos cajamarquinos han sido acusados por delito de homicidio.

Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, quien se ubica en el cuarto lugar de la lista de regidores que encabeza Susana Villarán de la Puente, estuvo recluido –por presunto delito de terrorismo– en el Penal Miguel Castro Castro hasta el 2 de marzo de 1989 ya que un día antes la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para casos de terrorismo lo absolvió.

No cambia

Pero los hechos posteriores a su liberación demostrarían que Ramírez Cifuentes está muy lejos de abandonar posiciones extremistas.

Según documentos reservados a los que EXPRESO pudo acceder, Ramírez integra desde el año 2006 la Junta Directiva del órgano vinculado al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ‘Comité Pro Libertad de Víctor Polay Campos’, que preside doña Otilia Campos, madre de Polay.

Incluso Ramírez Cifuentes –según la documentación– habría participado el 15 de abril del año pasado en un evento organizado por dicho comité junto a activistas de izquierda radical pro emerretistas como Rossina Valcárcel Carnero, María Rosa Soto Bringas, ex editora de la revista Cambio, órgano de prensa del MRTA; César Oyola García, abogado de Polay; y Maite Palacios Pérez, pareja sentimental del emerretista Jaime Castillo Petruzzi.

Después, el 5 de junio de 2009, con motivo de los sucesos de Bagua, Ramírez Cifuentes en su calidad de presidente del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) suscribió un comunicado titulado “Repudio a la masacre fascista contra los hermanos amazónicos de Bagua”.

Allí se lee lo siguiente: “es hora de salir al frente con movilizaciones políticas de masas y definir la coyuntura política como insurgente y por lo mismo el derecho del pueblo peruano a fijar y reivindicar sus derechos políticos y sociales expresados en la necesidad del cambio del modelo económico neoliberal”; exigiendo la “renuncia inmediata de todo el Ejecutivo y el Congreso en pleno, por haber demostrado incapacidad para gobernar y haber perdido legitimidad frente al pueblo”.

Incluso en la hoja de vida que Ramírez Cifuentes presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones puede leerse en lo que se refiere a cargos políticos que él presidió el MNI desde enero de 2004 a julio pasado. También se sabe que es integrante del Comité Central del Partido Comunista del Perú–Patria Roja, donde es integrante.

También en su experiencia laboral consigna que desde marzo de 1985 hasta marzo de 1990 fue asesor de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana.

Narcotráfico

Pero en Fuerza Social, que lidera Susana Villarán, también hay otros tres personajes que postulan a alcaldías distritales y regidurías que presentan denuncias por tráfico ilícito de drogas.

Es el caso del candidato de Fuerza Social a la reelección en el cargo de alcalde distrital de San Andrés de Cutervo, Alejandro Pérez Cardozo, quien tiene vigente una denuncia por tráfico ilícito de drogas, la misma que viene siendo investigada por la 7º Fiscalía Provincial de Chiclayo. La base de la denuncia se encuentra en el atestado policial signado con el número 00292.

Inclusive en la hoja de vida que Pérez Cardozo presentó ante el JNE señala que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

Otro caso es el del candidato de Fuerza Social a la alcaldía distrital de Cochabamba, en la provincia cajamarquina de Chota, Walter Llempén Quiroz, quien es investigado por la 6º Fiscalía Provincial de Chiclayo por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, en base al atestado policial signado con el número 00010.

Inclusive en su hoja de vida presentada ante el JNE Llempén Quiroz consigna en la relación de sentencias condenatorias que hubieran quedado firmes, que fue denunciado por declaración de paternidad por la señorita Mariela Liliana Montenegro Vega.

La denuncia se planteó en abril de 2005 ante el Juzgado de Paz José Leonardo Ortiz. El número de expediente fue el 2005 – 0047 y la sentencia en contra de Llempén Quiroz quedó firme el 23 de noviembre del 2006.

También el aspirante a regidor por el distrito limeño de San Martín de Porres, Julio César Montoya Camargo, tiene un proceso por tráfico ilícito de drogas vigente en el 44º Juzgado de Instrucción de Lima. Incluso en la hoja de vida que presentó ante el JNE señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

Homicidio

Otros dos candidatos a regidores del partido que lidera Susana Villarán están inmersos en acusaciones de homicidio. Ellos son Eugenio Castro Huamán y Armando Tarrillo Díaz.

En el caso de Castro Huamán, quien encabeza la lista de regidores al distrito de Cortegana, en Celendín–Cajamarca, él tiene una investigación vigente por el delito de homicidio en la 2º Fiscalía Provincial de Huaraz, la misma que se basa en el atestado policial signado con el número 00129.

Pero otro detalle que llama la atención en la hoja de vida que Castro Huamán presentó ante el JNE es su consumada vocación de tránsfuga. Entre diciembre de 2004 y marzo del 2005 militó en dos partidos políticos: el APRA (ingreso en diciembre de 2004 y salió en enero de 2005) y Perú Posible (ingresó en enero del 2005 y salió dos meses después).

Incluso en la hoja de vida señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

En el caso de Armando Tarrillo Díaz, quien postula en la tercera ubicación de la lista de regidores al distrito de Chancaybaños, en Santa Cruz – Cajamarca, es investigado por la Fiscalía Provincial de Cajamarca por el delito de homicidio, en base al atestado policial signado con el número 00084.

Él, al igual que Castro Huamán, consigna en la hoja de vida que presentó al JNE que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.

Van sumando

Estos casos se suman al del defenestrado candidato a regidor por Lima, Alexander Michael Amaya Sancho, quien ha sido procesado por bloquear vías durante una protesta de gremios de transporte público en el 2009.

Alexander Michael Amaya Sancho, un radical salido de las canteras del Movimiento Nueva Izquierda (MNI) –plataforma electoral que alberga a la comunista Patria Roja–, es actualmente procesado por el Poder Judicial por fabricar y suministrar materiales explosivos y peligrosos.

Amaya Sancho fue detenido por Seguridad del Estado cuando realizaba desmanes en las pistas adyacentes a la Carretera Panamericana Sur en Villa El Salvador.

A él y sus acompañantes se les incautó materiales inflamables y explosivos como gasolina y kerosene, así como artefactos caseros peligrosos con los que habrían prendido llantas y llenado de fuego la pista. Por ello fue denunciado por la fiscal Marlene Cabrera Salazar, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Villa El Salvador.

Por esta denuncia, Amaya Sancho es ahora procesado penalmente por el Primer Juzgado Mixto de Villa El Salvador –que despacha la jueza Margarita Sánchez Tuesta (expediente N°327-2010)– por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, fabricación y suministro de material peligroso y contra la seguridad pública y peligro común.

Manejaba borracho

Pero Amaya Sancho también es procesado por delito contra el cuerpo y la salud en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, al protagonizar este hecho este año, cuando conducía su automóvil en completo estado de ebriedad por una de las vías de Lima.

Amaya Sancho fue detenido por la Policía Nacional y denunciado ante el Ministerio Público. El hecho lo investigó el titular de la 29º Fiscalía Penal de Lima, Miguel Espinoza Vegas, quien tras analizar las evidencias y recoger testimonios, el pasado 3 de agosto formalizó la denuncia contra Amaya por el delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.

El caso pasó a manos del Poder Judicial el 11 de agosto con el número de expediente 303-2010 y actualmente es estudiado por el magistrado Marco Aurelio Tejada, encargado del 39 Juzgado Penal de Lima.

Fuente : Expreso