Militares utilizaron letal arma y atentaron contra la vida del ex presidente Eduardo Frei
Jorge Serrano Torres (*)
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil chileno denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de estos documentos habían sido incautados el 18 de mayo de 1990 en la ciudad de Roma (Italia) al chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich Villarroel. De estos pasaportes, al menos cuatro fueron extendidos con identidades adulteradas al general Augusto Pinochet y sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el “Banco Riggs” (vendido luego al grupo financiero PNC Financial Services), y estableciera sociedades en paraísos fiscales.
Es necesario explicar que, a pesar de las indagaciones judiciales en Chile y EE.UU. iniciadas el 2004, cuando un Subcomité Permanente de Investigadores del Senado estadounidense descubriera que Pinochet tenía millonarias cuentas en el “Banco Riggs” de EE.UU., aún es desconocido el total de la fortuna del ex jefe del régimen militar chileno.
Se estima que su dinero sobrepasa los 33 millones de dólares, y hasta hace poco, los indicios razonables apuntaban a que el origen era la venta de armas a Croacia (1991) o a Ecuador (1995); también comisiones por la compra de armamento. Pero ahora, el tráfico de drogas constituye otra sólida pista, para explicar la fortuna de quien lideró el Ejército chileno, entre 1973 y 1998: ¡25 años continuos!
Volviendo al relato: en 1990, el presidente Patricio Aylwin -recién instalado en La Moneda- designó como jefe de la Policía de Investigaciones de Chile, al general (r) Horacio Toro. A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información perturbadora: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Gálvez se había instalado en Chile. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa “Focus Chile Motores”, cuya sede contaba con helipuerto autorizado por la ‘Dirección de Aeronáutica Civil’.
Estableciendo una relación lógica: si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba conectado con Marco Antonio Pinochet Hiriart, la inteligencia militar chilena tendría también allí su ‘puño de acero’. Pero, además, la firma de Bathich y el colombiano era representada por el abogado Héctor Novoa Vásquez.
Drogas y terrorismo
Las sospechas de la Policía de Investigaciones chilena se redoblaron en 1992, cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto español de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que iban a viajar hacia Viena en un Lear-Jet privado, matrícula OE-GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros “Achille Lauro”.
Días más tarde, el juez Baltazar Garzón, a cargo del caso, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en terrorismo internacional. Tiempo después, luego que los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada “mafia siria”, mantuvo estrechos lazos con la Cosa Nostra siciliana y con carteles colombianos.
El 7 de diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió. El Servicio de Impuestos Internos chileno ingresó a las oficinas de “Focus Chile Motores” y un grupo de inspectores selló todos los muebles que contenían documentación. Al día siguiente, descubrieron que los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables desaparecieron. En uno de los patios humeaban aún las cenizas de papeles y archivos.
Los detectives de la Brigada de Narcóticos y Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, municiones y una pistola ametralladora Uzi con mira infrarroja. El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió de Chile rumbo a Argentina para después instalarse en el Palacio Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España).
Dos días más tarde, Jesús Ochoa Gálvez, su socio colombiano del cartel de Medellín, escapó impunemente con toda su familia. Acto seguido, este proceso terminó con multas y penas menores de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los 90, pasó unos meses en prisión y salió en libertad bajo fianza.
“Proyecto Andrea”
Augusto Pinochet, mientras tanto, padecía la transición democrática. Sus relaciones con el gobierno de Patricio Aylwin fueron muy conflictivas. Sobre todo, luego que se iniciara en 1990 la ofensiva judicial contra los militares de la dictadura pinochetista. El análisis de la inteligencia militar chilena no daba lugar a dudas: se desataría una tormenta contra militares del ex régimen pinochetista.
El ex dictador Pinochet, entonces actuó rápido: Creó el Departamento Cuarto, un grupo de abogados, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), para defender a militares que volvieron a desfilar, pero esta vez, por los tribunales de justicia.
Ciertamente, había uniformados con procesos judiciales muy complejos e indefendibles. Este era el caso del ex agente de la CNI, capitán ECH Luis Arturo Sanhueza Ros, culpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en setiembre de 1989.
Fue entonces cuando Pinochet dio la orden al jefe de la DINE, general ECH Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange. Pero el contexto se agravó para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema de Chile nombró al juez Adolfo Bañados, para llevar el proceso por el homicidio –perpetrado en Washington en 1976– del ex canciller del presidente Allende, Orlando Letelier.
Por aquellas fechas, el juez Bañados había citado al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar chilena se encendieron de inmediato.
La situación de Berríos era bastante complicada y podía comprometer a muchos militares chilenos, ya que, además, conocía detalles del “Proyecto Andrea”: la producción de gas sarín y de toxina botulínica, entre otras, como armas químicas y biológicas para asesinar a los opositores del régimen militar, y como arma de destrucción masiva (ADM), si una potencial guerra externa con Perú y/o Argentina, se volvía adversa para Chile. El último ‘encargado’ del ‘Proyecto Andrea’ fue el entonces mayor ECH Gerardo Huber Olivares.
El ‘Proyecto Andrea’ está referido más al detalle en el expediente judicial denominado “Calle Conferencia” a cargo del juez chileno Víctor Montiglio Rezzio, y cobró fuerza el año 2007 en Santiago, al surgir nuevas pruebas sobre el uso del gas sarín (y quizá toxina botulínica), por parte de la DINA y la CNI, que manejaban sus laboratorios y “Casas seguras” de este letal proyecto en el centro mismo de la capital chilena: Comuna Las Condes, Comuna La Reina y en la calle Vía Naranja de la Comuna Lo Curro.
Inclusive, en enero de 2007, la presidenta Michelle Bachelet se solidarizó con la familia Frei y pidió establecer la verdad sobre las circunstancias que rodearon la muerte del ex presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, en 1981; sobre la cual, su hijo, el también ex mandatario y actual candidato presidencial, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tiene “la convicción moral de que atentaron contra su vida” agentes del gobierno de Pinochet, mediante alguna sustancia química o biológica.
¿Peruanos asesinados con gas sarín?
Pero el horror del gas sarín también habría alcanzado a compatriotas peruanos: la agencia France Presse (AFP) informó el 19 de junio de 2007, que la DINA había usado con peruanos el mortal gas sarín, según una investigación del juez del caso “Calle Conferencia”, donde se ha revelado que tras ser detenidos en un operativo callejero, dos peruanos (cuyas identidades se desconocen, así como el destino final de sus restos) fueron utilizados como ‘conejillos de indias’ en 1976, para probar el letal agente químico.
Y aunque el informe de la “Comisión Rettig” sólo registra una persona del Perú como víctima de la dictadura pinochetista: el cantante Percy Arana, acribillado en 1984, en la avenida Santa Rosa a la salida de un local nocturno. El supuesto crimen de peruanos con gas sarín fue confesado al juez Montiglio Rezzio, según aseveró el diario electrónico “El Mostrador.cl”, el 18 de junio de 2007.
En este medio se describió que los ex agentes de la DINA no han revelado la identidad de las víctimas. Unos dicen que eran inmigrantes ilegales peruanos detenidos por provocar caos en la vía pública, mientras que otro de los ex agentes, identificado como Eduardo Alejandro Oyarce, expresó que tuvo la oportunidad de conversar con uno de los peruanos y que éste le dijo que se llamaba Juan Pablo y era chofer del embajador peruano en Chile, en aquella época, Juan Carlos Mariátegui, hoy fallecido.
En parte de la espeluznante versión de los ex agentes de la DINA al juez Montaglio, se narraría: “(…) saca de un bolso un tubo spray, acercándose lentamente. Espera que estas personas inhalen para aplicarles un toque del tubo. El primer afectado por el gas cayó de forma instantánea y a los pocos segundos dejó de moverse. Consecutivamente le aplica este mismo mecanismo a la segunda persona detenida, a la cual le produce el mismo efecto”. Adicionalmente, los agentes coinciden en que los peruanos estuvieron detenidos en el cuartel ‘Simón Bolívar’, uno de los principales centros de tortura de la DINA, a cargo de la ‘Brigada Lautaro’, que comandaba el luego coronel ECH Germán Barriga Muñoz, quien acorde con los sucesos macabros relacionados con la inteligencia militar chilena, se suicidó el 17 de enero de 2005, arrojándose desde el piso 18 del edificio ubicado en Pío XI N° 505, a pocos metros de la Escuela Militar en Santiago.
El juez Montiglio del caso “Calle Conferencia”, derivó las declaraciones sobre el asesinato de los peruanos a su colega Alejandro Madrid, quien investiga la muerte del químico Eugenio Berríos y el uso del gas sarín contra el ex presidente Eduardo Frei y el diplomático español Carmelo Soria, entre otros.
Y precisamente, fue el magistrado Madrid, quien por primera vez, el 23 de julio de 2007, en el proceso judicial, dio por acreditado que la DINA utilizó el gas sarín para eliminar personas, al aseverar que el ex agente de ese organismo, cabo ECH Manuel Leyton Robles, fue muerto por sus propios colegas de la DINA, en marzo de 1977, utilizando “el denominado gas sarín”. Por este caso, el juez Madrid decretó el arresto de 13 ex agentes DINA: cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén, Lautaro y Águila.
(*) Consultor peruano sobre Seguridad e Inteligencia de ”ProJusticia” e Investigador Asociado de Strategos, Instituto de Análisis y Difusión.
Report Perú 
Cuando en 1995 en la primera audiencia pública de impacto ambiental en Chubut (por la ampliación del Muelle Storni en Madryn) dije que con el material que se importa y pasa por el Puerto en Miles de toneladas mansuales, se fabrica el Gas Sarín…no tenía dimensión de lo que estaba revelando. Ahora justifico mis desventuras a partir del 80 cuando, en Aluar, conté a todo el Mundo cómo se fabrica Aluminio y qué es y para qué se usa el Flúor.