El gobierno militar revolucionario inició una radical reforma agraria que puso fin a la injusticia secular reinante en el campo y expropió 8 millones de has. de tierras

reforma-agraria

Por: Víctor Alvarado

El siguiente paso, luego de la institucionalización de una política petrolera que le dio al Perú por primera vez el autoabastecimiento petrolero, siguió una radical reforma agraria, promulgada por el propio general Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de 1969, una reforma que quebró el espinazo de una estructura agraria semifeudal conformada por hacendados, en particular en la sierra, que se quedaron social y políticamente en el siglo XVIII y resultaron ser avis raris en un mundo de acelerada industrialización, ante el cual eran una rémora, un atraso y un estorbo.

En su discurso de promulgación de la trascendental ley, mientras proclamaba que “al hombre de la tierra ahora le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Túpac Amaru: Campesinos, el patrón ya no comerá más de tu pobreza”, en ese mismo momento, decenas de convoyes militares hacían su ingreso en los complejos agroindustriales de la costa, entonces haciendas azucareras, cuyos propietarios eran conocidos como los “barones del azúcar”, para ejecutar el inicio de la reforma agraria.

En ese día, también, Velasco canceló la celebración del Día del Indio, que encerraba una vituperación ofensiva al Perú Profundo, dueño de una civilización escarnecida por los conquistadores españoles, e instituyó en su reemplazo, en adelante, el Día del Campesino; al igual como lo haría con la denominación de “barriadas”, que aludía a los cinturones de miserias formadas en las ciudades de la costa, principalmente en Lima, producto de una intensa migración campesina iniciada en la década del 50, que en adelante pasaron a llamarse “Pueblos Jóvenes”.

Medias tintas

En realidad, la reforma agraria puesta en marcha por Velasco, no fue una novedad porque hubo varias reformas agrarias anteriores, pero todas de medias tintas, como los fueron las la Junta Militar de Nicolás Lindley (1962- 1963) que emitió una Ley de Bases de la Reforma Agraria; y de Fernando Belaúnde Terry (1963- 1968), que llegó al poder prometiéndola y dictó finalmente en 1964, la Ley de Reforma Agraria 15240, que salió mediatizada porque tuvo que negociarla en el Congreso con la alianza conservadora Apra-Unión Nacional Odriísta.

En el país, en realidad, había un consenso nacional para realizar una reforma agraria, por varias contundentes razones, una de ellas era el fantasma de la Revolución Cubana que había hecho su ingreso triunfal en La Habana el 1º de enero de 1959 y para conjurarla en los países de la región, el presidente de los EEUU. John Kennedy, consiguió en la reunión de la OEA en Punta del Este (Uruguay), en 1961, la aprobación de un acuerdo para implementarla, con la adhesión del gobierno de FBT.

Otra sólida razón era la constatación hecha por los economistas de que los países modernos habían ingresado a una era de industrialización y que su introducción en el Perú dependía del crecimiento del mercado interno y que este crecimiento no era posible mientras las poblaciones rurales permanecieran marginadas de los nuevos mercados, y para que esas poblaciones participen se requería darles una capacidad de consumo que la estructura agraria semifeudal no les podía dar y para que esto ocurra tenía que ser transformada.

Velasco.1-700x501

Beneficiados

Otra poderosa razón era que por las injusticias y abusos a que estaban sometidos las poblaciones campesinas, en particular andinas, se había producido un proceso insurreccional a lo largo y ancho del campo, caracterizado por una indetenible ola de tomas de haciendas, que incluyeron en la provincia de La Convención (Cusco), la expulsión de las hacendados de sus fundos, seguida de una parcelación de tierras ejecutada por arrendires y allegados (colonos), en sujeción de la prédica de líderes campesinos, entre ellos Hugo Blanco Galdós.

Ensayistas nacionales y extranjeros coinciden en sustentar que gracias a la reforma agraria de Velasco, el fenómeno subversivo de Sendero Luminoso, que se desató en las andes peruanos en la década del 80, no prendió en esta región, porque insurgió en una región de campesinos asimilados a nuevos formas justas de propiedad que los han convertido en dueños de su propio destino. De no haberse producido la reversión de la propiedad semifeudal, seguramente que habríamos asistido a un incendio senderista generalizado del país.

Universo asociativo

Velasco dio pues una puntada con hilo al liberar a las fuerzas sociales y políticas reprimidas del campo con un proceso de expropiaciones de más de 8 millones de hectáreas, incluidos los bienes de capital y los ganados, que beneficiaron directamente a 375,000 campesinos y si se tiene en cuenta que cada uno es una familia de cinco personas, los beneficiados pasaron de los 8 millones de peruanos.

Los liberados del campo accedieron en adelante a la propiedad rural, pero es bueno aclarar como lo han hecho un sinnúmero de estudiosos de este proceso, que a diferencia de las reformas agrarias de otros países, la mayoría de tierras expropiadas no fueron distribuidas a familias individuales, sino a empresas asociativas denominadas Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), conformadas por los trabajadores las haciendas expropiadas y las comunidades campesinas colindantes, así como a novísimas cooperativas agrarias de producción.

A estos beneficiados con tierras se sumaron nuevas asociaciones de campesinos sin tierras, constituidas especialmente con este propósito y nuevas comunidades campesina, y también, en una porción muy menor, campesinos a título individual.

El gobierno militar revolucionario, al hacer entrega de la mayoría de tierras a un universo de entidades asociativas, lo hizo en respeto y reconocimiento de la tradición comunitaria milenaria existente principalmente en el mundo andino, que se mantiene inalterable, aunque acosada por penetraciones y ofensivas de índole privatista, todas hasta el momento mantenidas a raya y derrotadas.

Embates

La reforma agraria radical puesta en marcha por Velasco resolvió dinamizar los mercados interno e internacional a través de la creación de un sinnúmero de empresas estatales que canalizarían las producciones no solo agrícolas y ganaderas, sino también pesqueras, incluidos entes financieros para incentivar las producciones y reinversiones.

Estas fueron: La Empresa Nacional de Comercialización de Arroz- ECASA; Empresa Nacional de Comercialización de Insumos- ENCI; Empresa Pública de Servicios Agropecuarios- EPSA; Empresa Nacional del Tabaco- ENATA; Empresa Nacional de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado- EPCHAP, Inca Lana y Alpaca Perú para la comercialización de la lana y la fibra de alpaca, los Bancos Agrario, Industrial y Minero, entre otros.

Pero no todo fue color de rosa, la reforma agraria enfrentó embates desde la derecha y la ultraizquierda. La primera le hizo olas acusándola de comunista y pro cubana; y la segunda de no llenar las aspiraciones de los campesinos, como lo sostenía Andrés Luna Vargas, líder de la languideciente. Confederación Campesina del Perú- CCP, que reclamaba que la tierra no debía ser expropiada, sino confiscada.

Reversión

El derrocamiento del gobierno militar revolucionario del 29 de agosto de 1975, a solo seis años de haberse iniciado el proceso de reforma agraria, desencadenó el desmontamiento de las principales reformas de su gobierno, y en el caso de la reforma agraria esta fue objeto de un proceso de mediatizaciones para frustrarla y revertirla.

Lo que fue conseguido en el caso de las ex cooperativas azucareras, al privarlas de asistencia financiera y aplicarles una estocada fatal, durante el gobierno de Morales Bermúdez, de obligarlas a vender su azúcar al precio de un sol menos que el mercado internacional, lo que generó sus quiebras en cadena.

Posteriormente, el gobierno de Fujimori aceleró esta reversión al convertirlas en sociedades anónimas y facilitar el ingreso del capital privado, el cual en este momentos está enredado en conflictos interminables como sucede en las ex cooperativas de Tumán, Pomalca, Pucala y Cayalti, en la región Lambayeque.

¿Confiscación o expropiación? hablan dos protagonistas:

El ex jefe de la Dirección General de Reforma Agraria del Gobierno de Velasco, David Samanez Concha, ha refutado una serie de falsedades esgrimidas por los enemigos de este proceso, al recordar que en el caso de las cooperativas azucareras, luego de la expulsión de los “barones del azúcar” , sus producciones superaron los antiguos records de los ex dueños, al producir hasta 900 mil toneladas anuales, nunca antes obtenido.

Por su parte, el ex presidente del Tribunal Agrario en esa época, Guillermo Figallo, ha sido claro igualmente en rebatir la acusación de los ex hacendados de que hubo confiscación de tierras, al señalar que hubo expropiación y que los bonos por el valor de las tierras se pagaron a los que acreditaron la titularidad de las tierras, como por ejemplo el banquero Dionisio Romero, que invirtió los bonos obtenidos por sus tierras, en crear una moderna industrial textil.

Ambos coincidieron en advertir que “Se trató de favorecer la colocación de los bonos en inversiones industriales, como lo hicieron Romero y otros. Los que no los retiraron fue porque no tenían sus títulos o tenían deudas con el Estado”, dijeron.

Esta entrada fue publicada en Gral Juan Velasco Alvarado, Historia, Perú, Perúmilitar, Reforma Agraria y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s