Después de la recuperación de ‘La Brea’ y ‘Pariñas’, el gobierno de Velasco inició una ola de expropiaciones de recursos mineros y estratégicos

Por: Víctor Alvarado 

La expropiación de La Brea y Pariñas, el 09 de junio de 1968, a solo seis días de haber irrumpido como gobierno militar, sería el comienzo de una ola de expropiaciones de los recursos estratégicos, como eran considerados por el nuevo gobierno de Juan Velasco las riquezas mineras, energéticas, las redes ferroviarias, puertos y aeropuertos, porque hubiera bastado que una de las empresas privadas que las administraban se pusiera en rebeldía para que el sistema de vasos comunicantes entre las empresas objeto de estas medidas, seguramente se hubiesen paralizado.

Así por ejemplo, los medios de comunicación masiva en manos privadas no aceptaron una sola de las reformas o expropiaciones y estaban embarcados en una campaña de desestabilización, actitud que fue determinante para la decisión del gobierno de expropiarlos, y esto ocurrió el 27 de julio de 1974, con los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo y Última Hora.

En realidad esta medida se veía venir porque cuatro años antes, en junio de 1970 el gobierno militar nacionalizó el Banco Popular del Perú y por carambola todas sus empresas subsidiarias, entre ellas las acciones del diario La Crónica y su vespertino La Tercera, los que fueron puestos bajo el control de Editora Perú (la que ya controlaba el diario oficial El Peruano).

Antesala

La Crónica, con Guillermo Thorndike en la dirección (1974 – 1975), mantuvo su estilo informativo, y se convirtió en vocero de las posiciones y las proyecciones gubernamentales. El diario pasó a llamarse La Nueva Crónica, enriqueciéndose con dos suplementos: Variedades y Mundial. Al mismo tiempo, se publicó una edición en quechua que circuló por seis meses, siendo el redactor Ángel Avendaño.

Los críticos de Velasco expresaron su asombro porque la expropiación masiva de los diarios fuera dispuesta dos días antes de la visita del Raúl Castro, entonces el segundo hombre de la revolución cubana.

Para explicarlo, mencionaron un supuesto mensaje de Fidel Castro, con motivo del desfile militar del 29 de julio de 1974, donde le habría dicho: “No hay revolución con prensa dependiente”, según el periodista Bernardino Rodríguez, autor de una crónica sobre el tema.

Como era de esperarse la estatización de los medios fue objeto de una dura campaña internacional, orquestada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La nueva prensa intervenida por el gobierno fue asignada a los llamados sectores sociales de la economía. Así por ejemplo El Comercio pasó a pertenecer a las organizaciones campesinas, La Prensa a las nacientes comunidades industriales, Correo y Ojo, a las instituciones cooperativas, entre otros.

Al llegar al poder Alberto Fujimori dispuso el cierre definitivo de La Nueva Crónica, el 22 de diciembre de 1990 y entregó su valioso archivo al diario oficial El Peruano, iniciándose un proceso de reversión y retorno de los medios estatizados a sus antiguos dueños.

Se inicia la ola

Seguramente, pensando en la necesidad de que las reformas o expropiaciones fueran favorecidas por el capital financiero, los militares, meses antes de la nacionalización del Banco Popular, decretaron el 31 de diciembre de 1968 una forma de intervención de los bancos mediante el Decreto Ley 17330, por la que se obligaba al capital accionario de las entidades bancarias en el territorio de la República a pertenecer a personas naturales o jurídicas nacionales.

En la práctica, no hubo ninguna confiscación, excepto el Banco Popular, solo la imposición de que sus capitales privados sean enteramente nacionales. A ese dispositivo se añadió el Decreto Ley 22228 del 06 de julio de 1978, en el gobierno de la II Fase que presidió Francisco Morales Bermúdez, por el cual se autoriza la creación de bancos regentados por cooperativas bancarias, que no tuvo ninguna realización concreta.

La antesala de la ola de expropiaciones mineras fue sin duda la promulgación en 1970 de la Ley General de Minería y en 1971 la ley de ampliación de la misma, por las cuales el Estado creó Minero Perú y Minero Perú Comercial, y asumió el rol de conducir la exploración, explotación y comercialización minera. La comunidad minera, creada por estas leyes, y los trabajadores mineros pasaron a ser beneficiarios de un porcentaje de las utilidades de las empresas.

Las dos Cerro

Luego de haberse dotado de un marco legal, el gobierno de Velasco dispuso la expropiación de la mina Cerro Verde, un complejo ubicado en el distrito de Uchumayo (Arequipa), de propiedad de la empresa norteamericana Anaconda, expropiada en 1970, que tenía una producción de 174 mil toneladas. El gobierno de Fujimori, tal como ocurrió con todas las expropiaciones, la transfirió a la empresa Cyppor Amx, la que ocho años después aumentó la producción al 350% con una reducción de costos del 40%.

Luego seguiría en 1974 la expropiación de la mina emblemática de la inversión privada norteamericana, la Cerro de Pasco Corporation, mediante el decreto ley 20492. La Cerro era un conglomerado de cinco minas: Morococha, San Cristóbal, Casapalca, Cobriza y la Cerro, además de la refinería de La Oroya, creada sobre la base de la antigua Fundición Smeltzer.

Se puede decir que la empresa norteamericana dio el pretexto para la intervención gubernamental al emprender meses antes el retiro de sus equipos más valiosos y frenar sus planes de reinversión, observándose una notable reducción de las labores en todas las minas.

La empresa, por lo demás, no se sentía cómoda con el naciente nuevo régimen social y económico como lo expresa el hecho de haberle ofertado al gobierno, el 6 de enero de 1972, la venta del complejo minero, que el régimen aceptó y para hacerlo efectivo nombró una comisión para evaluar y negociar la propuesta.

Según el decreto ley que la intervino, además de lo antedicho, “la empresa ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones de vivienda, seguridad e higiene; así como serias deficiencias en hospitales, escuelas y saneamiento y no haber ejecutado en la refinería proyectos específicos para evitar la contaminación ambiental”. Luego de declarar de necesidad nacional e interés social la expropiación del negocio minero, creó la empresa minera estatal Empresa Minera del Centro-Centromín Perú, para asumir la conducción de este complejo minero.

El final de este conglomerado es historia conocida, el gobierno de Fujimori las recuperó para entregarlas al sector privado, pero lo hizo de manera parcelada, es decir cada mina, incluida la refinería los transfirió a dueños diferentes.

Marcona

El 24 de julio de 1975 le tocaría el turno a la empresa norteamericana Marcona, una de las grandes minas de cielo abierto, mediante el decreto ley 21228, cuyos propietarios eran The Utah Construction Co. y MarconaMining Co.

Al igual que en el caso anterior, la intervención tuvo como pretexto la comisión de una serie de infracciones que generaron la intervención, como: “no establecer la reserva temporal, ni la reserva intangible, no haber renovado equipos, ni efectuado mantenimiento, esconder utilidades, eludir el pago de impuestos, regalías y la participación de la comunidad minera”. Y para conducirla, el gobierno creó la empresa Hierro Perú.

Los interventores descubrieron que la Marcona llevaba doble contabilidad y la mina se había convertido en un hervidero de lucha sindical, a causa de lo cual los trabajadores consiguieron significativos beneficios como sueldos que les permitían pagar los estudios de sus hijos fuera de Marcona, en tanto tenían vivienda y todos los servicios gratis, lo que fue mantenido por la nueva administración estatal.

La estatización se mantuvo durante el gobierno de Alan García (1985- 1990), pero la hizo objeto de una serie de maniobras clientelistas, como la de inflar su planilla con sucesivos ingresos de más trabajadores que la empresa no requería, hasta engrosarla con 3,500 trabajadores, poniendo la empresa al borde de la bancarrota.

El gobierno de Fujimori la privatizó en 1992 y la transfirió a la Corporación china Shougang, la que como primera medida dispuso una reducción de 1,200 trabajadores, los mismos que luego volvieron a ser empleados con un salario de S/. 14 diarios, equivalente a menos del 30% que ganaban anteriormente. Posteriormente, el gobierno de Toledo ratificó la concesión de manera indefinida. A la fecha, el 70% de los trabajadores que laboran en la exHierro Perú lo hace de manera tercerizada, es decir por medio de contratistas, lo que la ha convertido en fuente permanente de conflictos.

Tintaya

Distinta suerte tuvo la mina Toquepala, de propiedad de la Southern, que también se encuentra en el sur y podría haber corrido la misma suerte de Marcona, pero como el gobierno de Velasco lo aclaró, era una empresa eficiente y transparente y se había ganado el derecho de seguir funcionando como tal. A Toquepala se añadió después su hermana Cuajone.

Un caso especial lo constituye el caso de la mina Tintaya, ubicada en la provincia de Espinzar (Cusco), en la cual el Estado se inauguró como inversionista en 1971 al obtener Minero Perú derechos para la explotación, pero recién en 1985 inició sus operaciones durante el primer gobierno de Alan García. El ensayo tendría corta vida porque fue privatizada por el gobierno de Fujimori en 1994, al ser transferida a Magma Cooper Co. y ésta en 1996 cedió la posta a la empresa BHP. Más adelante BHP se fusionó con Billington- PLCV. Después de una serie de transferencias, la mina terminó en manos de Xstrata Tintaya, operadora del nuevo yacimiento de Las Bambas.

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