Marinos de El Frontón no cometieron delitos imprescriptibles de crímenes de lesa humanidad

TC peruano ha establecido que no se puede pasar a horcajadas sobre la cosa juzgada que los ampara

JAVIER VALLE-RIESTRA (*)

Estamos de acuerdo en la monstruosidad de los delitos de genocidio, de los delitos de lesa humanidad, de guerra y de agresión. En su imprescriptibilidad. Creemos en la Corte Penal Internacional y en sus precedentes del juicio de Nuremberg y del juicio de Tokio, en cuya virtud fue colgada una veintena de jerarcas nazis y otros imperialistas nipones. Recordemos que el Tribunal militar internacional de Nuremberg fue un histórico cuerpo que, por primera vez, juzgó los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los cabecillas del régimen nazi que sobrevivieron a la derrota militar de 1945. Ahora, siguiendo a Guillermo Cabanellas desarrollemos el tema [Cfr. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12° edición, Edit. Heliasta SRL, 1979].

Antecedentes. El origen de este tribunal se encuentra en el acuerdo suscrito en Londres, el 8 de agosto de 1945, entre los Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Los miembros eran cuatro titulares y otros tantos suplentes, uno de cada potencia; debían decidir por mayoría. Su competencia se extendió a tres puntos: 1) crímenes contra la paz; 2) crímenes de guerra; 3) crímenes contra la humanidad.

Como normas, previas al proceso, ya que no lo habían podido ser a los crímenes, se estableció que la circunstancia de ser jefe de Estado (para evitar el alegato de una supuesta inviolabilidad, dirigida quizás contra el emperador del Japón, no rendido aún a pesar de haber estallado dos días antes del acuerdo la primera bomba atómica) no eximía de responsabilidad, ni tampoco el pretexto de haber obedecido órdenes del gobierno o de un superior; ya que, muertos los dictadores fascistas, sobre ellos podrían haber acumulado los cargos o la resolución los acusados. Acerca de los hechos notorios, o de común conocimiento, el tribunal no requería pruebas; pero podía tomar conocimiento judicial de los mismos. Sus fallos eran definitivos, y la pena podía ser incluso de muerte.

Aunque fue concebido para actuar en numerosos casos, su nombre procede del célebre proceso de Nuremberg contra los jerarcas nazis: Goering, segundo de Hitler; Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores; el mariscal Keitel; el coronel Jodl, jefe del Estado Mayor; los almirantes Raeder y Doenitz; el banquero Schacht; el tortuoso Von Papen; Rosenberg, teórico del nazismo; Frick, “protector” de Bohemia y Moravia; Sauckel, jefe de las sanguinarísimas tropas de asalto; Kálterbrunner, jefe de la Gestapo; Seyss Inquart, “gauleiter” de Holanda; Von Schirach, de las juventudes hitleristas; Hess, el ministro hitleriano evadido a Gran Bretaña en misión especial; Frank, gobernador de Polonia; Martín Bormann, éste en rebeldía; y otros personajes de nombres menos divulgados.

Fueron acusadas también varias organizaciones: el partido nazi, la Gestapo, las S.S. y las S.A., el Estado Mayor y el Alto Mando alemán. La sentencia se dio luego de apasionados debates durante diez meses y de pruebas estremecedoras para la conciencia universal. El tribunal dictó su fallo el 30 de septiembre de 1946.

La histórica sentencia consideraba convictos a los procesados; calificaba de crimen supremo la guerra de agresión; apreciaba la existencia de conspiración para desencadenarla; y que la lucha de los nazis se había caracterizado por la perpetración de toda clase de crímenes contra el Derecho de Gentes y la Humanidad.

El fallo declaraba culpables las cuatro organizaciones citadas antes; y sin culpa colectiva al Estado Mayor, al Alto Mando y al gobierno del Reich. Se dictó sentencias de muerte contra Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Franck, Frick, Sauckel, Strecicher, Jodl, Seyss Inquart y Bormann. Estas sentencias, excepto la del ausente, y la de Goering, que se suicidó la víspera, fueron cumplidas en la horca el 16 de octubre de 1946. Otros criminales fueron condenados a penas variables de privación de libertad; e incluso fueron absueltos tres personajes de moral muy singular: Fritsche, el banquero Schacht y Von Papen.

II

Volviendo a nuestros tiempos, la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y para el Perú está vigente a partir del 9 de noviembre de 2003, conforme a la adhesión y ratificación del instrumento por Resolución Legislativa N° 27998 (2/Junio/2003) y el D.S. Nº 082-2003-RE (1/Julio/2003).

El estatuto regulador de los delitos de lesa humanidad ha establecido que nadie será penalmente responsable –de conformidad con el presente Estatuto– por una conducta anterior a su entrada en vigor. Por tanto, se ha establecido su no aplicación para hechos y conductas anteriores a su entrada en vigor.

Según la normativa internacional, las disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado parte y no de manera retroactiva, resultando que con la adhesión del Estado peruano los crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad ingresan al derecho interno y por tanto, en adelante, surten todos sus efectos jurídicos y no ex post facto.

Advirtiéndose, además, que conforme a lo establecido por los artículos 55° y 56° de la Constitución, los tratados sobre Derechos Humanos forman parte del ordenamiento nacional a partir de la fecha de vigencia en el Estado peruano. En consecuencia, no se aplican retroactivamente normas procesales que restrinjan o mengüen los derechos del procesado, como aconteció en el caso Alan García dictaminado rotundamente por la CIDH.

III

Algo más, en el caso peruano, las constituciones de 1979 y de 1993 le dan la majestad de la cosa juzgada a las amnistías, a los indultos, a los archivamientos definitivos, y a la prescripción. El Pacto de San José señala que en esos casos no se puede ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Así que los almirantes quienes en nuevos procesos continúan en juicios inacabables para examinar su intervención en el caso de El Frontón son intocables porque ya fueron sobreseídos hace veintitrés años. Así lo dijo la propia sentencia de la Corte Interamericana en el caso Durand y Ugarte del 16 de agosto del 2000 precisando que el Consejo de Guerra Permanente de la Marina en segunda instancia confirmó, en junio de 1987, la no responsabilidad de quienes debelaron el motín. Y esa instancia supranacional ha reconocido que:

“El proceso fue reabierto por decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar para realizar diligencias que faltaban (…). Concluyó definitivamente el 20 de julio de 1989 con la decisión de que no había responsabilidad de quienes intervinieron en la debelación del motín.”

La Corte Interamericana no ha llegado, paradójicamente, a sentenciar, en el caso Ugarte ni en el de Neyra Alegría, ni en ningún otro, que los sucesos de los penales de 1986 fueran genocidio o delitos de lesa humanidad. En el caso Neyra Alegría (19 de enero de 1995) falló:

“no llega a constituir, en opinión de esta Corte elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en este y en otros penales amotinados (…) incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego rescatar los cadáveres”

Se limitó a fallar que el Estado peruano hizo uso excesivo de una fuerza desproporcionada, violó el derecho a la vida y el derecho al Hábeas Corpus. Punto. ¿Debió decir algo más? Si. Pero no lo dijo.

IV

Como este es un asunto delicado debemos tener presente que además de dicha Convención, existen otros dos instrumentos internacionales que resultan de suma importancia mencionar: a) el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que describe en su artículo 7.1 los crímenes de lesa humanidad y a la vez establece en su artículo 29° la imprescriptibilidad para dichos crímenes. Su vigencia para el Estado peruano es a partir del día 1 de julio del 2002, esto de conformidad a la Resolución Legislativa N° 27517, publicada el 16 de setiembre de 2001, que lo aprobó y el D.S. Nº 079-2001-RE, publicado el 9 de octubre de 2001, que lo ratificó; y, b) la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969” el cual señala que “el Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (Art. 4°) al mismo tiempo que en cuanto a la irretroactividad precisa de manera clara (Art. 28°) que:

“La Convención sólo se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados y que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir (…) ”.

La vigencia de la citada Convención, en el Estado peruano, es a partir del 14 de octubre del año 2000, de conformidad al Decreto Supremo N° 029-2000, publicado el 21 de setiembre del mismo año. Por otro lado, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que:

“1.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito (…) 2.- Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”;

Mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en cuanto al principio de legalidad y de retroactividad que:

“nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

V

Nuestro Tribunal Constitucional expidió en estos días una sentencia (Exp. 0024-2010-PI/TC) declarando inconstitucional parte del Decreto Legislativo N° 1097 –dicho sea de paso norma que ya fue derogada por ley del Congreso— que regulaba la aplicación de normas procesales por delitos de implican violación de derechos humanos. Para el TC, constituye un crimen de lesa humanidad:

a) Cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad.

b) Cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático.

c) Cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el Estado, y d) Cuando se dirige contra población civil. Siendo que estas condiciones deben presentarse copulativamente. Muy bien, pero nada de eso aconteció con los marinos que ya fueron procesados por el caso El Frontón; y el juicio concluyó definitivamente en julio de 1989 como lo ha reconocido la CIDH en una sentencia. Finalmente, recordemos que el estatuto de Roma (1950) de la Corte Penal Internacional dice en su Artículo 20:

“2.- Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto”.

No se puede ser maximalista y pasar a horcajadas sobre la cosa juzgada que ampara a los almirantes. Paradójicamente se le hace juego al terrorismo que busca la desnaturalización del estado de derecho. Endosarle sus culpas. En virtud de estas premisas, no se aplican retroactivamente normas procesales que restrinjan o mengüen los derechos del procesado. Empero, como ya dijimos, con la reciente sentencia expedida por el TC sobre el ya derogado Decreto Legislativo 1097, se postula la tesis herética que en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad sea de aplicación inmediata. Ex post facto. Hacia el pretérito. El país está confundido con estos hechos. Podemos y volvemos a repetir con Don Nicolás: “El Perú es un país de desconcertadas gentes”.

(*) Parlamentario de la República y Jurista.

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