Muerte de la cédula viva es obra de los mismos que traicionaron al Perú en la Guerra con Chile

La ingratitud para con los vencedores del terrorismo

EDWIN DONAYRE GOTZCH (*)

General de División EP ®

Por haber transitado el Perú de frontera a frontera, por alrededor de 40 años en el Ejército, incluido en la guerra contrasubversiva, creo interpretar el sentir del pueblo y la indignación de viejos y jóvenes soldados y policías que enfrentaron y enfrentan aún, en especial en los Valles de los Ríos Apurímac y Ene, también conocido como el VRAE, al terrorismo y al narcotráfico, enemigos del país, de la libertad y la democracia.

Con sus aciertos y errores, con el apoyo del pueblo y los Comités de Autodefensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han cumplido honrosamente en la larga marcha de la tarea pacificadora, pero a un elevado costo, porque para muchos fue un viaje sin retorno. Para otros significó regresar mutilados y discapacitados física y mentalmente, por lo que sus madres, esposas e hijos sobrellevan el sufrimiento al verlos inutilizados, y, por si fuera poco, no pocos de ellos y sus jefes han estado o aún están enjuiciados por supuesta “violación de derechos humanos” en el combate contra los asesinos de sectas genocidas maoístas y polpotianas.

Muchos veteranos de la guerra antisubversiva que combatieron en las peores condiciones, años después pensaron que con el pujante crecimiento económico del Perú (que con su sacrificio y sangre ellos ayudaron a impulsar derrotando al terrorismo), al fin habría recursos fiscales para elevar en algo sus magras remuneraciones y pensiones, que están entre las peores de América Latina. Pero no. Se equivocaron. Y es que al retornar de los destacamentos que se habían forjado en esa confrontación –el Frente Huallaga o el Frente Mantaro por ejemplo, o de los antiguos Comandos Político-Militares, como el de Ayacucho– pronto se dieron con la sorpresa de que no les esperaba el agradecimiento, por haber devuelto la paz a la Patria amenazada, sino un paquete de ingratitudes de un Estado infiltrado por elementos que profesan un odio enfermizo a la Fuerza Armada o son marionetas de poderes supranacionales.

El pueblo civil y el pueblo en armas Hay que enfrentar de una vez la verdad sobre este tema que se ha trocado ideológico. Para nadie es un secreto que todo el siglo XX, e incluso antes, el pueblo civil y el pueblo en armas (especialmente el Ejército), aunque unidos por el sentimiento patrio, caminaron muchas veces por cuerdas separadas. Y es que de un prejuicio civilista, que antes fue contra los legionarios de la independencia y después contra los sobrevivientes y héroes de la Guerra con Chile, se pasó primero al veto y después al odio en la época moderna del Perú, sobre todo después del alevoso crimen contra el general Sánchez Cerro a manos del APRA en la primera mitad del siglo pasado. En la segunda mitad, cuyas consecuencias las vivimos, vino el ingrediente ideológico, cuando sobre la base de los viejos prejuicios, vetos y odios se instaló, en la mayoría absoluta de los centros de formación superior, llámese Universidades y Normales, y lo que es peor, como una política de Estado, la primacía de la enseñanza del marxismo leninismo y de la lucha de clases en sus diversas variantes, incluido la genocida de Abimael Guzmán, en la Universidad de Huamanga, para efectos de la comprensión de la historia del Perú y el estudio de la realidad nacional. Y las mismas circunstancias en el magisterio nacional, encargado de la enseñanza primaria y secundaria, a cargo de sectores extremadamente radicales del sindicato magisterial llamado SUTEP. Durante decenios se encargaron de inocular el odio ideológico, “de clase” le llaman, en las aulas universitarias y en el mismo magisterio nacional, obra de los sectores extremistas y sediciosos. Son éstos los que han inculcado en nuestros hijos esas ideas de odio predicando que la Fuerza Armada es el brazo armado, el “perro guardián” de la oligarquía, la burguesía y el imperialismo, cuando cualquier investigación seria concluiría que no ha sido así. Es esta corriente ideológica comunista y/o comunistoide la que ha dominado y domina aún el mundo cultural peruano, la que con sus revisionismos históricos ha mellado la autoestima nacional, al extremo de que nuestros muchachos y adolescentes sentían vergüenza de cantar el sagrado Himno Nacional. De esas escuelas de odio han salido los cuadros que han pasado a formar la Judicatura y en general el manejo de los poderes del Estado. Son los mismos que a diario atacan a la Iglesia católica y al empresariado que motoriza el desarrollo económico. Son los tataranietos del viejo civilismo traidor en la guerra con Chile, aupados en el Perú de hoy en diversos estamentos del Estado y en especial en ciertas ONG dizque de derechos humanos que, con el apoyo de algunos medios de comunicación, que también lucran con ese tipo de odio contra el Ejército del Coronel Francisco Bolognesi y del Mariscal Andrés Avelino Cáceres, prosiguieron con su campaña de destruir a la Fuerza Armada, en muchos casos, tras los dictados de ciertos poderes imperiales que pretenden que en nuestra América Latina, al margen del Brasil, país con peso propio en el concierto mundial, solo Chile posea fuerzas armadas en una suerte de gendarmillo en la parte sur del continente.

La conjura continuada A resultas de este desencuentro entre militares y civiles es que no hay una comunidad de intereses, salvo en situaciones extremas de guerra interna o externa, cuando los enemigos de antaño bajan la guardia sólo por cuidar sus pellejos. Pasado el peligro, vuelven a las andadas, siempre desde los medios de comunicación y determinados partidos políticos, al extremo de oponerse en todo lo positivo para las Fuerzas del Orden, o impedir un consenso nacional en temas cruciales como es la Seguridad y Defensa Nacional. Por eso sería un lugar común hablar de la indiferencia y el desinterés de este tipo de civilismo antimilitar por conocer la forma de vida espartana que se practica en cuarteles y comisarías o las peculiaridades de la sacrificada vida castrense. En los últimos años no es tanto la ignorancia en torno a cómo es esa vida, sino el prejuicio y la demagogia de presentar a los Institutos Armados o a la Policía Nacional como entes per se corruptos, al igual que su alta oficialidad, usando para tales fines de manipulación mediática la nefasta experiencia del montesinismo cleptocrático. En esta conjura continuada, en este diseño de destrucción de nuestra Fuerza Armada, en especial el Ejército, es decir el pueblo en armas, es que llegó, con demasiada mezquindad, lindante con la traición, el marrullero proyecto de ley de muerte de la “Pensión renovable” (mal llamada cédula viva, simplemente para confundir al público y con la excusa de eliminar el “efecto espejo”), el DU Nº 014 – 2010, que era lo último que en materia de precaria seguridad económica aún mantenían y mantienen los militares que habían decidido, desde muchachos, dedicar sus vidas a esta sacrificada misión de las armas, que es la de dar seguridad interna y externa a nuestro Estado nación y a las instituciones que la sustentan. La opinión pública debe saber que es el Estado el que pretende eliminar la Pensión Renovable, desconociendo el régimen excepcional que norma la situación laboral de las Fuerzas Armadas y Policías de la mayoría absoluta de las naciones del mundo, incluido Chile, que tanto les gusta imitar y poner de paradigma, en este caso con remuneraciones y pensiones dignas de reconocer en el país austral. Aquel regalo macabro, aquel paquete de medidas contra el pueblo en armas, que ha sido objeto de rechazo unánime en la Fuerza Armada y la Policía Nacional, vino nada menos que del actual Gobierno en la persona de doña Mercedes Aráoz, cuando era titular de la burocracia insensible del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de asumir el encargo de una eventual candidata presidencial del Partido Aprista. El periodista César Hildebrandt ha ido más lejos en su habitual estilo. En reciente columna titulada “Hora decisiva para el APRA”, ha dicho que “la señora Aráoz es muy amiga de Chile y enemiga de las Fuerzas Armadas del Perú, a las que reduciría a una condición aún más indigente; es enemiga del gasto social, que con ella sería mutilado ene veces; es enemiga del salario mínimo y de los derechos sindicales. O sea: podría hacer el trabajo sucio del liberalismo paporretero que el actual Gobierno ha adoptado como religión”.

Un desencuentro a resolver Las autoridades que ya se van nos exigen sacrificios al pueblo en armas y sus jubilados, pero se hacen de la vista gorda ante el aumento de 28% de incremento presupuestal del Congreso en el proyecto de Presupuesto General de la República para el 2011. Es decir ¡82 millones de soles, o un equivalente de 750 mil soles por cada parlamentario! Alguien ya dijo que eso servirá para ser usado en jugosas liquidaciones o compensaciones a los congresistas que no serán reelegidos, al igual que a su entorno. ¿Por qué ese monto si toda la administración pública tendrá un incremento, por el crecimiento económico, de menos del 8%? ¿Cómo es esto de que un poder del Estado se da el lujo de incumplir las disposiciones sobre disciplina fiscal? Tal vez sea necesario refrescarle a los llamados “padres de la Patria”, que un coronel del Ejército tiene como sueldo básico 0.6 centavos de Sol. La ley ordena que al pasar a retiro debe recibir 35 sueldos, o sea dos soles. ¿No es esto una irracionalidad a superar y otro ejemplo del desencuentro a resolver entre civiles y militares? Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas anuncia el contrato de una empresa para que haga un estudio de nuevos sueldos y pensiones para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Otra consultoría insulsa, para la cual sí hay jugosos presupuestos cada año, como si el caso pensionario en debate fuera de complicada investigación. ¿Acaso no es elemental que todo régimen previsional está relacionado al régimen laboral? ¿Al margen de la experiencia mundial, es tan difícil entender las particularidades del trabajo castrense? Simplemente no. Se trata de un régimen remunerativo diferente al de cualquier otro funcionario público. Un compromiso de por vida de trabajo de 24 horas, sin descanso si así lo dispone la superioridad, es decir a dedicación exclusiva. En épocas de paz, sólo puede descansar si uno no está de servicio. No hay derecho a sobretiempos remunerados, u horas adicionales de descanso, o pago extra por nocturnidad, ni por alto riesgo, o por manejo de material peligroso y costoso, nadie recibe más de 12 sueldos al año, y los despidos son intempestivos y sin ninguna compensación. La formación profesional es acuartelada, con el deber de no quejarse, excusarse, ni menos disculparse, bajo ninguna circunstancia en el cumplimiento del deber, aunque la vida corra peligro. La vida castrense no tiene derecho a la organización sindical, a la protesta, a la opinión discrepante. Es la única profesión que debe cumplir estricta inamovilidad que puede representar meses y meses, en periodos de estados de emergencia, o de excepción, como ha sucedido desde 1980 hasta la década siguiente del pasado siglo, en la guerra antiterrorista, manteniéndose esta situación a algunas regiones del territorio nacional, como el llamado VRAE. Incluso para contraer matrimonio hay que pedir permiso, entre tantas otras restricciones que son derechos de todo funcionario público civil. (Continúa mañana). (*) Ex Comandante General del Ejército

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