Ley contra las FF. AA. y PNP

Por Alfredo Palacios Dongo

El pasado 30 de agosto el Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley N.° 4261/2010.PE para el debate del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. En dicho documento han sido incluidas, en forma encubierta, disposiciones finales que significan modificaciones sustanciales y que afectarán la institucionalidad, desarrollo y proyección de las FF. AA. y la PNP. Dentro de éstas, la 19ª disposición deja sin efecto la Ley N.° 19846 “Ley de Pensiones Militar-Policial”, implicando la eliminación de la cédula viva y afectando tanto a las pensiones del personal como a las de invalidez e incapacidad o sobrevivencia, otorgándose además facultades al Ejecutivo para que presente una nueva norma.

El gobierno ha ido manipulando este tema desde hace mucho tiempo. El presidente de la comisión creada en marzo para presentar la propuesta de reestructuración de sueldos, Javier Velásquez, ha reiterado que “se respetarán los derechos de los pensionistas”; que “estos derechos no serán tocados”; que “la comisión no eliminará este beneficio por tratarse de un derecho adquirido” etc. También el ministro de Defensa, Rafael Rey, ha repetido que “el gobierno no quiere eliminar la cédula viva” y que “no se ha planteado su eliminación”. En todos los países de Sudamérica existe este beneficio y sería un grave error del gobierno eliminarlo, ya que afectará la motivación del personal en actividad y a probables futuros postulantes, debido a la baja compensación económica en relación a la naturaleza propia del trabajo militar y policial, a dedicación exclusiva, disponibilidad permanente, sacrificios y riesgos.

La 20ª disposición final suspende, durante los años 2011 y 2012, el ingreso de postulantes a todas las escuelas de formación las FF. AA. y PNP. Los requerimientos de personal se elaboran en base a un plan estratégico, y de ejecutarse esta disposición –basada sólo en criterios económicos– afectará los requerimientos de dotaciones y rotaciones para el cumplimiento de roles, funciones y tareas asignadas, para la seguridad externa y seguridad interna en la lucha contra la subversión, el narcotráfico, y otros ilícitos.

Por último, en el proyecto de ley presentado no se encuentra considerado el incremento de remuneraciones, y sería financiado con una reducción al gasto de bienes y servicios, lo cual afectará la operatividad de las instituciones. Se espera que en el Congreso no sean aprobadas estas disposiciones contra las FF. AA. y PNP a fin de mantener los mínimos incentivos que alienten esta sacrificada y riesgosa carrera con exigencias muy diferentes a las demás instituciones del servicio público. Expreso, 04.09.2010

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