Anaya declaró que sí hubo violaciones a los derechos humanos en Bagua.

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió la apertura de una investigación imparcial sobre la represión policial que el pasado 5 de junio dejó un número indeterminado de muertos en la norteña localidad de Bagua, y añadió que a su juicio sí hubo una violación de los derechos humanos.

“Estoy pidiendo una comisión imparcial para estudiar los hechos y (para que) se consolide el proceso de diálogo (entre el gobierno y los indígenas amazónicos), declaró Anaya.

Explicó que en sus tres días de recorrido por Bagua pudo evidenciar que efectivamente las fuerzas policiales vulneraron los derechos humanos de los indígenas.

“Hay revelaciones de violaciones de derechos humanos”, dijo Anaya.

Destacó la derogatoria de dos decretos rechazados por las protestas indígenas y la reapertura del diálogo entre el Gobierno y los nativos, así como el anuncio de cese del estado de emergencia en la zona de los sucesos, que dejaron un número indeterminado de muertos y decenas de heridos.

Agregó que en este caso aún hay desafíos y planteó la formación de una comisión investigadora imparcial que indague sobre los incidentes de Bagua, la cual debería estar integrada por el Ejecutivo y los indígenas, así como por una institución internacional que sirva como garante.

Esta comisión debe tener “alguna representación a nivel internacional como garante de alguna manera”.

El planteamiento de Anaya se suma a los de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo la lucha amazónica iniciada el 9 de abril, y que propone una investigación a cargo de representantes de la sociedad civil y de veedores internacionales.

La propuesta ha sido respaldada por el Partido Nacionalista, principal fuerza opositora, y otras fuerzas ajenas al gobierno, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Mientras que el Ejecutivo sostiene que en los sucesos de Bagua murieron 24 policías y 10 civiles, el alcalde de Bagua, Luiz Núñez, le presentó el viernes a Anaya un informe donde se denuncia que hasta el momento se han contabilizado 60 indígenas que no han retornado a sus comunidades desde el día de la masacre.

Finalmente, el funcionario de la ONU recomendó consultar con las comunidades indígenas las decisiones gubernamentales que puedan afectarlas, lo que fue omitido en este caso y dio lugar a la protesta amazónica.

“Desde el inicio hay que establecer mecanismos de consulta, de buena fe, y eso desgraciadamente no es usual en los países de América”, comentó.

El Ejecutivo peruano aprobó una serie de decretos sobre la tierra y el medio ambiente que los indígenas consideraron lesivos para sus derechos, y que fueron aprobados para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a la legislación peruana.

Estos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y maderero, estos reglamentos han sido tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas de Perú.

Según los indígenas, con dicha legislación se contraviene su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suscribió Perú, además, alegan que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida.

Por esta razón, los nativos iniciaron el pasado 9 de abril una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos.

La protesta de los indígena peruanos llegó al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo.

Después de mantenerse firme contra las demandas de los indígenas, el pasado lunes el Ejecutivo peruano dio marcha atrás y aceptó pedir al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964. El llamado del gobierno fue atendido el jueves por el Parlamento que derogó estos decretos.